¿Me afecta el Impuesto sobre el Patrimonio como empresario y autónomo?

El Impuesto sobre el Patrimonio es un deber establecido por Ley desde el año 2013, donde se establece que debe ser declarado entre el 24 de abril y el 1 de julio de cada año. Para declarar este impuesto, existen normativas claras que determinan el lugar, la forma y los plazos de presentación.

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Aquí veremos cómo te afecta este impuesto, ya sea como autónomo o empresario, y si te interesa ahorrar en lo que concierne al pago de este impuesto, van también algunas recomendaciones.

Quienes están obligados a declarar:

Todas las personas físicas que tengan que pagar su cuota tributaria anual o mensual según corresponda, en base a las normas reguladoras de este impuesto. Hay que tener en cuenta que una vivienda habitual se encuentra exenta de este gravamen hasta los 300.000 euros. También se puede reducir la base imponible en 700.000 euros, que está establecido como el mínimo que no tributa.

Si no se da lo anterior, cuando el valor total de los bienes o derechos, calculado en base a las normas que regulan este impuesto, resulte ser superior a 2.000.000 de euros, se deberá tener en cuenta todos los bienes y derechos del sujeto pasivo, descontándose las cargas que vayan disminuyendo su valor.

Hay Comunidades Autonómicas donde se establece algunas bonificaciones, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, donde se bonifica el 100% de la cuota establecida en la Ley 3/2008 del 29/12 sobre medidas fiscales y administrativas, por lo tanto, la obligación de presentar la declaración sólo afecta a quienes tengan un patrimonio superior a los 2.000.000 de euros.

Formas de rebajar el pago de este impuesto

Como en todo lo que concierne a la materia tributaria, hay excepciones para el pago de algunos impuestos, y todas las personas físicas que sean miembros de una empresa familiar, pueden quedar exentas de la liquidación del impuesto al patrimonio si cumplen con algunos requisitos, que veremos a continuación.

Uno de los requisitos es que la sociedad no se dedique exclusivamente a negocios de tenencia de valores o bienes inmuebles. También se pueden acoger a esta medida las sociedades de arriendo de inmuebles, siempre y cuando mantengan uno o más empleados trabajando como dependientes, con contrato de trabajo a jornada completa.

Quedan exentas de este impuesto, las sociedades que se dediquen a la tenencia de valores, aunque para tal fin la persona física que sea sujeto del impuesto, deba ser propietaria de un activo compuesto por más del 50% de los valores que otorgan un 5% de derecho a voto en las unidades operativas.

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También se exige ser propietario de al menos el 5% del patrimonio de la empresa familiar, y de manera conjunta, tener el 20% de la organización en conjunto con los demás miembros del grupo familiar.

Finalmente, toda empresa que quiera beneficiarse de esta medida tiene que contemplar requisitos de retribución producto de su participación en ella. El sujeto pasivo tiene que ser para este fin, directivo en la entidad que busca este beneficio, y percibir una remuneración superior al 50% de los rendimientos, ya sea que procedan de actividades económicas.

¿Las medidas del Gobierno favorecen a las pymes?

Por más que tratemos de creer que las cosas van bien en el ámbito gobierno-empresa, lo cierto es que la carga tributaria en estos momentos continúa siendo muy alta para las pequeñas y mediana empresas en España, justo en momentos en los que se necesita que esa carga se reduzca para que el sector privado ponga dinamismo a la economía.

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Actualmente más de la mitad de las empresas españolas del tamaño pyme no están conformes con la carga tributaria que ha impuesto el gobierno y tampoco están conformes con varios otros aspectos, de los que hablaremos acá.

Lo que necesitan las pymes españolas

Menos impuestos

Más del 60% de las pymes y autónomos necesita que el gobierno reduzca los impuestos, y eso se verá en las urnas en las próximas elecciones de este 26 de junio. Todo esto sin contar con que el ámbito privado necesita otras medidas para adquirir mayor velocidad, como mayores facilidades para acceder al crédito y que se fomente la creación de nuevas empresas.

A pesar que España se sitúa en el puesto 81 de los 189 estados que componen el ranking elaborado por el Banco Mundial, Doing Business 2016, las pymes españolas todavía sienten que las medidas de gobierno no favorecen realmente el ambiente de los negocios. Y eso que España se sitúa dentro de las primeras 30 economías, dentro del mismo ranking que elaboró el Banco Mundial.

Menos trámites para crear empresas

A pesar que se ha bajado en gran cantidad el número de trámites para crear una nueva empresa en el país y están casi todos por internet, todavía queda la sensación que todo fluye lento y que se necesita agilizar todavía más los trámites para formar una nueva empresa, sin contar con que se necesita facilitar el alta en el régimen especial de autónomos y fomentar la participación de estos en los concursos públicos.

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Más apoyo para los trabajadores

Las pymes españolas necesitan más apoyo por parte del gobierno, para formar a los trabajadores, además de ayudar en lo que es la globalización de una pyme y se homogenice el mercado fiscal del país, ya que actualmente en cada Comunidad Autónoma hay un marco regulatorio distinto.

Un marco regulatorio homogéneo

Que todas las empresas puedan acceder a un marco regulatorio parejo dentro del país, es de gran ayuda para los autónomos y las pymes, que si bien pueden informarse de modo fácil en su respectiva Comunidad o Ayuntamiento, no deja de ser un trámite que tienen que hacer la empresa cada vez que se instala en una nueva Comunidad o Ayuntamiento, ya que actualmente las leyes no rigen igual en todas partes.

Por otra parte, todos los esfuerzos del gobierno por eliminar al máximo los trámites a hacer a la hora de declarar impuestos, han sido útiles, sin embargo las pymes todavía necesitan más velocidad y eso sólo será posible si se hacen más esfuerzos de gobierno para ayudar a las pymes, ya que no son pocas las horas que se ocupan cada año en efectuar trámites tributarios. Sin contar con que en su mayoría, las pymes tienen que acudir a asesores especializados en la materia, lo que implica otro tiempo de ejecución.